- The case involves alleged forced disappearances and extrajudicial executions in Vereda La Esperanza, Colombia.
- The Inter-American Commission on Human Rights submitted the case to the Inter-American Court of Human Rights in 2014.
- The State partially recognized its international responsibility for the violations.
- The Court concluded that the forced disappearances were attributable to the State's support and acquiescence to a paramilitary group.
- The Court also found the State responsible for the violation of the right to property and the psychological and moral integrity of the victims' families.
- The Court ordered reparations, including ongoing investigations, a public recognition of responsibility, medical and psychological treatment for the victims, a memorial monument, and scholarships for the victims' children.

Vereda La Esperanza vs Colombia La Vereda La Esperanza se encuentra situada en la región del Magdalena Medio, en el municipio de Carmen de Viboral, en el suroriente del departamento de Antioquia.

La controversia versa sobre la responsabilidad internacional del Estado por las alegadas desapariciones forzadas de personas por la ejecución extrajudicial de otra persona y la privación arbitraria e ilegal de un niño, de las cuales el Estado no refutó que las mismas hubiesen tenido lugar ocurridas en aquella vereda.

El 13 de diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana el caso vereda La Esperanza contra la República de Colombia.

El sometimiento del caso fue notificado a los representantes y al Estado el 19 de febrero de 2015.

El 24 de abril de 2015, los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

El 7 de septiembre de 2015, el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos en el cual interpuso una excepción preliminar en los términos del artículo 41 del reglamento del Tribunal.

En dicho escrito, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional.

El Estado alegó que la Corte carece de competencia por ausencia absoluta de representación y actuación en el trámite del presente caso contencioso de tres presuntas víctimas, alias Freddy, su esposa y el hijo de ambos.

Sostuvo que la inexistencia absoluta de representación y actuación en el trámite del presente caso deriva en la imposibilidad de considerarlos como víctimas.

La Corte es competente para conocer del presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es estado parte en la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la corte el 21 de junio de 1985

primero derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la libertad personal de las personas desaparecidas y el derecho a la vida e integridad personal respecto de Javier Giraldo.

El Estado reconoció su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad personal de 11 personas, puesto que se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de cada una de estas personas y no se tiene conocimiento de su paradero o el de sus restos.

Sostuvo que su reconocimiento no implica la aceptación de la ocurrencia del ilícito internacional de desaparición forzada en el caso concreto, toda vez que aún no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir que en los hechos participaron agentes estatales.

En lo que respecta a la muerte de Javier Giraldo, reconoció su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos a la vida e integridad personal de Javier Giraldo, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas en las que ocurrió su muerte.

La corte constata que no está en duda que las víctimas del presente caso fueron desaparecidas y en el caso de Javier de Jesús Giraldo Giraldo privado de la vida.

Tampoco está en duda la responsabilidad internacional del Estado por esos hechos, puesto que en consecuencia la corte concluye que las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda de la esperanza son atribuibles al estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la fuerza pública para el actuar de ese grupo paramilitar, le facilitó las incursiones a la vereda La Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos contrarios a una obligación internacional, constituyéndose de esta forma el ilícito internacional de desaparición forzada.

Ahora, regresando a la víctima Javier de Jesús Giraldo Giraldo, la corte constata que el señor fue ejecutado por personas que minutos antes lo habían retenido y subido a una camioneta.

Una vez ocurrido el hecho, el cuerpo del señor Javier Giraldo fue abandonado en la autopista Medellín Bogotá, donde posteriormente se realizó el levantamiento de su cuerpo.

Como bien sabemos, el artículo 8.1 de la convención reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos.

Aunado a ello, la Corte ha señalado de manera consistente que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.

La Corte ratifica que el Estado no cumplió con la obligación de garantizar protección a los participantes del proceso ni cumplió con el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas desde las desapariciones forzadas.

Es por ello que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y por

El ataque militar ocurrido el día 26 de junio de 1996 por parte del ejército nacional tuvo como consecuencia la destrucción de la vivienda habitada por José Gallego Quintero y su esposa María Ingracia Hernández.

Dada esta circunstancia obligó a este núcleo familiar a dejar abandonada la vivienda y a trasladarse a vivir adonde sus hijas.

Por estas razones, la Corte concluye que el Estado vulneró el derecho a la propiedad privada en el Tribunal.

Ha considerado que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación al derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta.

En consecuencia, la Corte ratifica que el Estado es responsable por el detrimento de la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas.

Las reparaciones que ha considerado la Corte Pertinente son, primero, La sentencia constituye por sí misma un medio de reparación.

El Estado debe continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinados hechos y las responsabilidades correspondientes.

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia.

El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten.

El Estado debe levantar un monumento en la memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas.

El Estado debe otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas.


Speaker 0: Vereda La Esperanza vs Colombia La Vereda La Esperanza se encuentra situada en la región del Magdalena Medio, en el municipio de Carmen de Viboral, en el suroriente del departamento de Antioquia. La controversia versa sobre la responsabilidad internacional del Estado por las alegadas desapariciones forzadas de personas por la ejecución extrajudicial de otra persona y la privación arbitraria e ilegal de un niño, de las cuales el Estado no refutó que las mismas hubiesen tenido lugar ocurridas en aquella vereda. El 13 de diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana el caso vereda La Esperanza contra la República de Colombia. El sometimiento del caso fue notificado a los representantes y al Estado el 19 de febrero de 2015. El 24 de abril de 2015, los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

El 7 de septiembre de 2015, el Estado presentó su escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos en el cual interpuso una excepción preliminar en los términos del artículo 41 del reglamento del Tribunal. En dicho escrito, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. El Estado alegó que la Corte carece de competencia por ausencia absoluta de representación y actuación en el trámite del presente caso contencioso de tres presuntas víctimas, alias Freddy, su esposa y el hijo de ambos. Sostuvo que la inexistencia absoluta de representación y actuación en el trámite del presente caso deriva en la imposibilidad de considerarlos como víctimas. La Corte es competente para conocer del presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es estado parte en la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la corte el 21 de junio de 1985

Speaker 1: primero derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la libertad personal de las personas desaparecidas y el derecho a la vida e integridad personal respecto de Javier Giraldo. El Estado reconoció su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad personal de 11 personas, puesto que se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de cada una de estas personas y no se tiene conocimiento de su paradero o el de sus restos. Sostuvo que su reconocimiento no implica la aceptación de la ocurrencia del ilícito internacional de desaparición forzada en el caso concreto, toda vez que aún no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir que en los hechos participaron agentes estatales. En lo que respecta a la muerte de Javier Giraldo, reconoció su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos a la vida e integridad personal de Javier Giraldo, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas en las que ocurrió su muerte. La corte constata que no está en duda que las víctimas del presente caso fueron desaparecidas y en el caso de Javier de Jesús Giraldo Giraldo privado de la vida.

Tampoco está en duda la responsabilidad internacional del Estado por esos hechos, puesto que en consecuencia la corte concluye que las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda de la esperanza son atribuibles al estado por el apoyo y la aquiescencia que prestaron agentes de la fuerza pública para el actuar de ese grupo paramilitar, le facilitó las incursiones a la vereda La Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos contrarios a una obligación internacional, constituyéndose de esta forma el ilícito internacional de desaparición forzada. Ahora, regresando a la víctima Javier de Jesús Giraldo Giraldo, la corte constata que el señor fue ejecutado por personas que minutos antes lo habían retenido y subido a una camioneta. Una vez ocurrido el hecho, el cuerpo del señor Javier Giraldo fue abandonado en la autopista Medellín Bogotá, donde posteriormente se realizó el levantamiento de su cuerpo. Como bien sabemos, el artículo 8.1 de la convención reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos.

Aunado a ello, la Corte ha señalado de manera consistente que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La Corte ratifica que el Estado no cumplió con la obligación de garantizar protección a los participantes del proceso ni cumplió con el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas desde las desapariciones forzadas. Es por ello que el Estado es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y por

Speaker 0: la violación de derechos de

Speaker 1: los ciudadanos. El ataque militar ocurrido el día 26 de junio de 1996 por parte del ejército nacional tuvo como consecuencia la destrucción de la vivienda habitada por José Gallego Quintero y su esposa María Ingracia Hernández. Dada esta circunstancia obligó a este núcleo familiar a dejar abandonada la vivienda y a trasladarse a vivir adonde sus hijas. Por estas razones, la Corte concluye que el Estado vulneró el derecho a la propiedad privada en el Tribunal. Ha considerado que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación al derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta.

En consecuencia, la Corte ratifica que el Estado es responsable por el detrimento de la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas. Las reparaciones que ha considerado la Corte Pertinente son, primero, La sentencia constituye por sí misma un medio de reparación. 2. El Estado debe continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinados hechos y las responsabilidades correspondientes. 3.

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia. 4. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. 5. El Estado debe levantar un monumento en la memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas.

6. El Estado debe otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas.

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CASO VEREDA LA ESPERANZA VS COLOMBIA